Por Ivan Alborta
El Ministerio Público notificó al Tribunal Supremo de Justicia sobre el inicio de la causa penal contra los exmandatarios por presuntos delitos de asesinato y torturas, a raíz de una denuncia de la alianza Libre.
[Foto: Opinión] / Fachada del Hotel Las Américas en Santa Cruz, epicentro de la intervención policial del 16 de abril de 2009.
La Fiscalía General del Estado puso en marcha de manera formal una investigación contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera en el marco de los sucesos del Hotel Las Américas. El ente acusador ya remitió la notificación correspondiente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que asume el rol de contralor de garantías en la ruta hacia un eventual juicio de responsabilidades.
La acción judicial se originó a partir de una querella interpuesta por la alianza Libre. En el documento penal se acusa a las exautoridades de la presunta comisión de delitos graves, entre los que figuran asesinato, vejaciones y torturas, además de privación de libertad.
El caso se remonta al 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, cuando un violento operativo policial ejecutado dentro del céntrico hospedaje dejó un saldo de tres extranjeros fallecidos y dos personas capturadas. En aquel entonces, el Ejecutivo sostuvo que el contingente desarticuló una célula con fines terroristas y separatistas.
Durante la ejecución del asalto policial, Morales se encontraba de viaje oficial en territorio venezolano, donde más tarde reconoció de forma pública haber ordenado el operativo. En tanto, García Linera ejercía la jefatura del Estado interina en territorio nacional.
El violento episodio derivó en denuncias por transgresiones a los derechos humanos y sospechas de montajes y extorsión. Ante la justicia internacional, los parientes del irlandés Michael Dwyer —uno de los abatidos— y los sobrevivientes llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que concluyó que existieron graves atropellos que ameritan reparación estatal. Posteriormente, la causa penal local fue cerrada durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez.
De encontrar indicios suficientes de materia justiciable, la Fiscalía General deberá presentar el requerimiento acusatorio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Será en el Legislativo donde se defina si se autoriza o no el juicio de responsabilidades, trámite que exige obligatoriamente el respaldo de dos tercios de voto.
Información basada en reportes de Opinión. Ver fuente original.
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