Por Ivan Alborta
La brecha entre la ciudadanía que acude a los tribunales en busca de tutela y quienes consiguen evadir sanciones mediante dádivas evidencia una severa distorsión en la aplicación de la ley.
[Foto: La Razón] / Instalaciones de un edificio judicial donde se tramitan causas legales ciudadanas.
El acceso al sistema judicial expone a menudo una marcada disparidad en la atención de los casos. Mientras una parte importante de la población asiste a las oficinas estatales con la expectativa legítima de encontrar resguardo frente a vulneraciones, otros sectores logran esquivar responsabilidades mediante mecanismos ilegítimos.
Este desbalance se hace evidente cuando coinciden en un mismo recinto quienes demandan auxilio legal y quienes han adquirido anticipadamente un resultado favorable. En esos escenarios, la función protectora de la norma queda en entredicho frente al peso de influencias indebidas.
La alteración de las reglas básicas del debido proceso desvirtúa el rol de las instituciones encargadas de dirimir controversias. Cuando la resolución de un litigio deja de responder al marco jurídico y pasa a depender de acuerdos opacos, el principio de igualdad ante la ley se desmorona.
Como consecuencia, la recurrente desventaja que experimenta la ciudadanía común no solo neutraliza la efectividad del amparo legal, sino que además profundiza el desgaste de la confianza colectiva en las instancias llamadas a impartir justicia.
Información basada en reportes de La Razón. Ver fuente original.
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