Por Ivan Alborta
La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, solicitó una revisión exhaustiva de los protocolos en centros de acogida y la implementación de una legislación más estricta contra los abusos sexuales, especialmente en instituciones religiosas. Esto se produce después de la revelación de casos de abuso sexual por parte de miembros de la Compañía de Jesús en Bolivia.
[Foto: Opinión] / Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, durante una conferencia de prensa sobre la situación de los abusos sexuales en Bolivia.
La presentación del libro 'Las puertas del infierno' ha sacado a la luz el nombre de más de 23 abusadores sexuales jesuitas en Bolivia, lo que ha generado un gran impacto en la sociedad y ha llevado a la Coordinadora de la Mujer a exigir acciones concretas para prevenir y sancionar estos delitos.
Según Tania Sánchez, es fundamental ajustar las normas para garantizar la seguridad y la integridad de los niños en centros de acogida y educación. Uno de los puntos clave es la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual, ya que, actualmente, estos delitos prescriben, lo que permite a los perpetradores quedar impunes.
La Coordinadora de la Mujer también cuestiona el encubrimiento de estos delitos por parte de la propia Compañía de Jesús y el traslado de los perpetradores a distintos centros, lo que ha permitido que continúen cometiendo abusos. Por lo tanto, es necesario establecer protocolos claros y efectivos para prevenir y sancionar estos delitos en todas las instituciones que atienden a menores de edad.
La sociedad civil se está articulando para exigir a las autoridades que tomen medidas concretas para investigar y sancionar estos delitos, y para garantizar la seguridad y la integridad de los niños. La Coordinadora de la Mujer está trabajando con otras organizaciones para desarrollar acciones de seguimiento y para asegurarse de que las autoridades cumplan con sus funciones y responsabilidades en este tema.
Es fundamental que las autoridades tomen cartas en el asunto y establezcan mecanismos efectivos para prevenir y sancionar los abusos sexuales en todas las instituciones, especialmente en aquellas que atienden a menores de edad. La sociedad civil estará atenta a los pasos que se den en este sentido y exigirá resultados concretos para garantizar la protección de los derechos de los niños y las niñas.
Información basada en reportes de Opinión. Ver fuente original.
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