Las sequías que afectan al Altiplano y a varias regiones andinas de Bolivia no deberían sorprendernos. Durante años hemos tratado el agua como un recurso infinito, mientras las ciudades crecían sin una política clara de reservas, reutilización y control de la extracción. Hoy, cuando los ríos bajan y los pastizales se secan, el debate vuelve a centrarse en la emergencia —y no en las causas estructurales que nos trajeron hasta aquí.

El discurso oficial suele mezclar fatalismo climático con promesas de obras faraónicas. Pero construir más presas sin ordenar el uso del agua en agricultura, minería y consumo urbano es como tapar una grieta con cinta adhesiva. Bolivia necesita un mapa hídrico actualizado, datos abiertos sobre concesiones y sanciones reales a quien contamina o extrae ilegalmente. Sin transparencia, cualquier plan de contingencia termina siendo improvisación con banderas y conferencias de prensa.

Tampoco ayuda la polarización política. Cuando la sequía se convierte en moneda de cambio entre gobierno y oposición, las comunidades quedan en el medio: sin pipas a tiempo, sin semillas de reserva y sin apoyo técnico para adaptar cultivos. Las autoridades departamentales y municipales tienen competencias concretas en riego, saneamiento y gestión de desastres; exigir resultados locales es tan legítimo como cuestionar al nivel central.

La salida no pasa solo por “pedir lluvia”, sino por invertir en captación pluvial, forestación de cuencas, tecnología de riego eficiente y educación ambiental desde el colegio. Los países que han reducido su vulnerabilidad climática no lo hicieron con slogans, sino con décadas de instituciones técnicas, presupuesto estable y participación de productores. Bolivia puede hacerlo, pero requiere dejar de confundir opinión publicitaria con política pública.

Mientras tanto, miles de familias campesinas enfrentan pérdida de cosechas y ganado. Eso no es un dato estadístico lejano: es hambre de temporada, migración forzada y presión sobre los mercados urbanos. Una opinión responsable no minimiza el cambio climático ni lo usa para evitar responsabilidades estatales. Reconoce ambas cosas: el planeta cambió, y nuestra forma de gobernar el agua también debe cambiar.

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