Por Ivan Alborta
Representantes del sector alertan que la tarifa en el Área Metropolitana de Buenos Aires se ubica entre las más gravosas de la región frente al salario mínimo, mientras el valor sin respaldo estatal podría alcanzar los 2.500 pesos argentinos.
[Foto: Infobae] / Unidades de colectivos circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires en medio del debate por el esquema de subsidios y tarifas.
El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa momentos de tensión tras recientes paralizaciones en el servicio subterráneo y un complejo diálogo entre las compañías de colectivos y las autoridades de transporte. En el centro de la controversia figura una deuda estimada en 40.000 millones de pesos, sumada a la exigencia de fondos de compensación para sostener la operatividad de las flotas frente al alza de los insumos.
Desde la organización Ciudad de Bondis, el especialista Laureano Bello advirtió que el impacto del boleto sobre los ingresos de los trabajadores se ha intensificado notablemente. Según sus estimaciones, las tarifas técnicas actuales oscilan entre 1.600 y 1.700 pesos, pero los cálculos empresariales señalan que, en caso de eliminarse por completo el auxilio del Estado, el precio por viaje debería ubicarse entre los 2.300 y 2.500 pesos para cubrir los costos operacionales reales.
La evolución de los cuadros tarifarios en los últimos años evidencia este encarecimiento. Informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revelan que la tarifa base a nivel nacional se incrementó un 1.300% nominal entre noviembre de 2023 y octubre de 2026, escalando de 53 a 743 pesos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasaje alcanzó los 920,48 pesos, mientras que en territorio bonaerense trepó hasta los 1.215 pesos, acumulando un alza del 2.194%.
Este encarecimiento no solo ha mermado la afluencia de pasajeros, sino que ha modificado la experiencia de viaje habitual. Ante el incremento en combustibles, repuestos y neumáticos, las empresas han espaciado los recorridos para aminorar gastos, lo que genera unidades saturadas en horas pico y un progresivo rezago en la modernización de los vehículos. Frente a este panorama, los usuarios han comenzado a recurrir a bicicletas o traslados compartidos mediante aplicaciones móviles para prorratear los costos de traslado.
A este escenario se suma la fragmentación regulatoria entre la jurisdicción nacional, la porteña y la bonaerense, situación que derivó en la pérdida de beneficios por combinación mediante la tarjeta SUBE en diversos tramos interurbanos. Bello puntualizó además que la capacidad de resistencia es dispar, pues grandes conglomerados como DOTA, Metropol o Misión Buenos Aires poseen espaldas financieras más sólidas para afrontar retrasos de pagos en comparación con los pequeños operadores de barrio.
Para descomprimir el conflicto y garantizar la continuidad de las líneas, el Ministerio de Transporte presentó un plan de contingencia destinado a reconfigurar la estructura de costos a partir de octubre. La iniciativa estatal prevé ajustes progresivos orientados a la cobertura del gasto operativo diario y la revisión de las fórmulas de desembolso para dotar de certidumbre económica al esquema metropolitano.
Información basada en reportes de Infobae. Ver fuente original.
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