Por Ivan Alborta
Diversos gremios productivos demandaron suspender la exigencia de pago millonaria contra la cementera boliviana, alertando sobre el impacto negativo en la estabilidad laboral y el clima de inversiones.
[Foto: La Razón] / Representantes industriales expresan preocupación por procesos que afectan la seguridad jurídica y las inversiones en el país.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI), junto a diversas representaciones del empresariado privado, expresó su alarma ante las acciones orientadas a ejecutar el cobro de 744 millones de bolivianos a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Frente a este proceso, los industriales solicitaron que se detenga la medida coactiva de manera temporal, permitiendo que las instancias correspondientes efectúen un análisis pormenorizado y objetivo sobre la situación legal de la compañía.
Desde el sector fabril advirtieron que presionar por esta obligación económica, en tanto continúe la revisión técnica y jurídica, representa un precedente adverso para la seguridad jurídica que demandan los agentes económicos en el país.
Finalmente, los gremios empresariales subrayaron que este tipo de disposiciones pone en riesgo la preservación de fuentes de trabajo estables, desalienta la inyección de nuevos capitales y debilita la confianza en el ecosistema productivo nacional.
Información basada en reportes de La Razón. Ver fuente original.
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