Por Ivan Alborta
El Ministerio Público formalizó cargos por organización criminal y tráfico de sustancias controladas contra exautoridades y funcionarios acusados de brindar cobertura al narcotraficante uruguayo.
[Foto: Opinión] / Efectivos policiales y autoridades del Ministerio Público involucrados en las indagaciones del caso Sebastián Marset.
Una imputación formal destapó una red ilícita enquistada en el Ministerio Público que presuntamente otorgaba protección a Sebastián Marset a cambio de pagos mensuales que alcanzaban el medio millón de dólares. Según las indagaciones fiscales, este esquema de encubrimiento facilitó que el prófugo eludiera diversos operativos policiales de captura.
Las actuaciones cobraron celeridad el 1 de octubre, cuando la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) identificó un video difundido en redes sociales en el que Marset aseguraba mantener una relación de amistad con Roger Mariaca, Rubén Aparicio y el exministro Eduardo del Castillo. A partir de esa pista, las fuerzas del orden aprehendieron a Aparicio en la ciudad de La Paz, incautándole dinero, alhajas, documentos y un teléfono móvil de alta gama.
Esa misma jornada, una intervención en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz concluyó con la aprehensión de Roger Rider Mariaca Montenegro y Alberto Zeballos Flores. En poder de Mariaca se decomisaron 2.100 dólares, 19.850 bolivianos, tabletas, dos teléfonos celulares y joyas; entretanto, Zeballos portaba 11.280 bolivianos, prendas de oro, memorias USB, un computador portátil y un pin institucional del Ministerio Público.
Un día antes de esas capturas, Martín Daniel Irusta Flores fue interceptado en flagrancia en la sede central de la Fiscalía General del Estado, en Sucre. El funcionario intentaba sustraer expedientes y documentos de carácter reservado con el propósito deliberado de borrar las evidencias documentales que comprometían a la organización.
De acuerdo con la relación de hechos de la comisión fiscal, la red operaba con roles definidos: Aparicio fungía como el nexo de protección policial en Santa Cruz, mientras que Irusta actuaba como operador de contención administrativa. El documento detalla además que Mariaca, a lo largo de su gestión en la Fiscalía cruceña y luego al frente de la Fiscalía General del Estado, designó a Irusta por la vía directa como Fiscal Superior en Recursos Humanos el 5 de febrero de 2026, pasando por alto denuncias previas por enriquecimiento ilícito.
Tras la recolección de indicios y los allanamientos ejecutados, Mariaca, Irusta, Aparicio y Zeballos quedaron formalmente imputados por los delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Información basada en reportes de Opinión. Ver fuente original.
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